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Violencia institucional contra las mujeres en situación de reclusión en México 2010
escrito por ASILEGAL   
lunes, 08 de marzo de 2010

 

Informe de Asistencia Legal por los Derechos Humanos al Comité de DDHH de la ONU

Análisis de la Violencia Institucional contra las mujeres en situación de reclusión en México

 

En ocasión del Día Internacional de la Mujer, Asistencia Legal por los Derechos Humanos ha presentado ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas su informe sobre Violencia Institucional contra las mujeres en situación de reclusión, México 2010, denunciando las condiciones inhumanas en las cuales se encuentran las mujeres privadas de libertad, desde el momento de su detención y  hasta su estancia en los Centros de Readaptación Social (CERESOs) del Estado mexicano.

 

Las mujeres en situación de reclusión son objeto permanentemente de violencia estructural e institucional por parte de las autoridades del Estado, las cuales tienen la obligación legal de respetar, proteger y garantizar sus derechos humanos. En México, desde el momento de la detención, las mujeres acusadas de delitos se enfrentan a una rutina de abusos, corrupción, violencia, condiciones carcelarias inhumanas, debido a su género. El sistema carcelario está pensado, construido y manejado por y para los hombres; las mujeres son consideradas una “adhesión irremediable” a la que deben dar un espacio, sin procurarles condiciones adecuadas para el ejercicio y goce de sus derechos humanos. Esta discriminación estructural implica graves sufrimientos y daños físicos, sexuales y psicológicos para las mujeres internas y no les permite una efectiva readaptación social.

 

México, después de 10 años, vuelve a ser analizado en los días 8 y 9 de marzo de 2010 por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el cual examinará el quinto informe periódico de México presentado en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Por lo tanto, el examen del  Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre México es una importante ocasión para visibilizar las evidentes violaciones a los art. 10 (Condiciones Carcelarias Humanas), art. 7 (Derecho a no ser torturado), art. 9 (Derecho a la libertad personal), art. 14 (Derecho a las Garantías Judiciales) del PIDCP que sufren cotidianamente las mujeres privadas de libertad en México.

 

Pdf en Español - Pdf en Inglés  

Modificado el ( martes, 09 de marzo de 2010 )
 
PRONUNCIAMIENTO DE LA COALICIÓN INTERNACIONAL DE ORGANIZACIONES POR LOS DDHH EN LAS AMERICAS
escrito por Coalición Internacional de ONG´S   
jueves, 04 de marzo de 2010

Pronunciamento de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Americas frente a la reacción de Venezuela ante el informe CIDH

 

El Sistema Interamericano ha demostrado ser efectivo y fructífero (4 de marzo de 2010). Las organizaciones abajo firmantes subrayamos el papel trascendental que ha desempeñado el Sistema Interamericano en la protección de los derechos humanos y la consolidación de la democracia en el continente, y manifestamos nuestra más profunda preocupación por las declaraciones del Estado venezolano en reacción a la publicación del Informe sobre Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, divulgado el pasado 24 de febrero de 2010 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, descalificó el informe de la CIDH, insultó a su Secretario Ejecutivo, Santiago Cantón, y amenazó con retirar a Venezuela de ese órgano de la OEA. Las afirmaciones son inquietantes porque no rebaten los hechos expuestos en el documento, descalifican el trabajo de supervisión internacional y minan la fortaleza de un sistema que ha sido vital para defender, promover y elevar los estándares de protección de los derechos humanos.
Uno de los grandes desarrollos en la protección internacional de los derechos humanos alcanzados en la segunda mitad del siglo pasado tanto a escala global como regional fue la incorporación, en tratados de la materia, de órganos competentes para la supervisión del cumplimiento de las disposiciones ─ como la CIDH ─ con el fin de establecer la responsabilidad internacional de los Estados Parte. Estos órganos, en su mayor parte, emiten recomendaciones con base en informes y, algunas veces, pueden resolver casos individuales al emitir resoluciones.
Nuestro continente fue pionero en la protección de los derechos humanos con la promulgación, en 1948, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Desde 1959, la CIDH utilizó la Declaración como vara para evaluar la situación de derechos humanos de los Estados de la región. Asimismo, desarrolló una importante labor debido al compromiso de sus miembros que, paso a paso, expandieron las facultades de dicho órgano hasta incluir no sólo la emisión de recomendaciones sino también la realización de visitas in loco, la elaboración de informes sobre la situación de los derechos humanos y el procesamiento de peticiones individuales, entre otros. En una primera etapa, las funciones de carácter no contencioso ─ como la emisión de informes ─ fueron de la mayor relevancia en el trabajo de la Comisión.
La adopción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1969, que entró en vigor en 1978, añadió facultades a la CIDH y creó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El papel de Venezuela fue protagónico en ese momento al presidir la Primera Comisión encargada de comenzar los debates y establecer que los Estados Partes en la Convención se comprometían “a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción sin discriminación”.
La CIDH fue clave en el cuestionamiento, documentación y denuncia de los abusos cometidos por gobiernos dictatoriales en las décadas de los años setentas y ochentas. Más recientemente, la CIDH ha sido fundamental en el desarrollo de estándares de derechos humanos. Así, el sistema de protección regional pasó de cuestionar los abusos producidos en el ámbito de gobiernos de corte dictatorial a advertir las fallas estructurales y aún los abusos aislados que ocurren en democracia.
Si bien el Sistema Interamericano no es el único factor determinante para lograr dichos cambios, ha sido un elemento catalizador para la efectiva protección de los derechos humanos en la región.
Por estas razones, la actitud del Estado de Venezuela frente al informe emitido por la CIDH erosiona la fortaleza y efectividad de un sistema que históricamente ha mostrado ser fructífero y muestra indolencia por necesidades legítimas de sus propios ciudadanos y ciudadanas. Las organizaciones abajo firmantes hacen un vehemente llamado para que la CIDH y el Estado de Venezuela inicien un diálogo que permita superar la tensión actual y examinar el fondo de las conclusiones y recomendaciones del informe emitido.

BRASIL
Conectas Direitos Humanos
ECUADOR
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)
El SALVADOR
Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA)
MÉXICO
Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos
Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL)
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)
PANAMÁ
Centro de Iniciativas Democráticas (CIDEM)
PARAGUAY
Foro de Mujeres del Mercosur
PERÚ
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos- Perú EQUIDAD
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
URUGUAY
Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR)
VENEZUELA
Acción Solidaria VIH/SIDA
Asociación Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil
Centro de Derechos Humanos de la UCAB
Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC)
Espacio Público
Observatorio Venezolano de Prisiones
Sinergia
Vicaría de Derechos Humanos de Caracas
ORGANIZACIONES REGIONALES
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
Modificado el ( martes, 09 de marzo de 2010 )
 
Información que presentan las organizaciones de la Red TDT al comité de Derechos Humanos de la ONU
escrito por ASILEGAL   
martes, 02 de marzo de 2010

 

 

Información que presentan las organizaciones de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” al Comité de Derechos Humanos de la ONU como insumo para la revisión del quinto informe periódico de México en virtud del artículo 40 del Pacto de Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

 

Marco constitucional y jurídico de aplicación del Pacto (artículo 2)

 

Armonización constitucional y legislativa e incorporación de estándares

Internacionales

 

1. El proyecto de reforma constitucional en materia de derechos humanos fue aprobado por la Cámara de Diputados el 24 de abril de 2009. El 28 de abril de 2009, se envió al Senado de la República la minuta con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales y aún está pendiente de aprobarse en esta Cámara. Respecto del proyecto de reforma, es importante señalar que presenta carencias fundamentales y contiene criterios regresivos y contradictorios, como son:

 

·          En lugar de establecer en el artículo primero el principio pro persona, de acuerdo con la aplicación de la norma más favorable a los derechos de las personas, el dictamen establece que en caso de contradicción entre la Constitución y los tratados internacionales, prevalecerá la Carta Magna. En este orden, el dictamen va en contra de las obligaciones del Estado mexicano en cuanto al derecho internacional de los tratados y desaprovecha la oportunidad de dar jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos.

 

·          En relación con el artículo 33, éste no garantiza el derecho al debido proceso para las y los extranjeros en este país. La propuesta de reforma mantiene intacta la facultad exclusiva del Ejecutivo de hacer abandonar el territorio nacional a cualquier persona extranjera cuya presencia se juzgue “inconveniente”. Por lo tanto, la reforma no puede considerarse como un avance significativo, pues desconoce los derechos primordiales de toda persona y deja a las y los extranjeros sin posibilidades de apelación ante tales decisiones administrativas.

 

 

Modificado el ( martes, 02 de marzo de 2010 )
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Comunicado de prensa
escrito por ASILEGAL   
martes, 02 de marzo de 2010

2 de marzo de 2010

 

· Organizaciones mexicanas estarán presentes en Nueva York para evaluación de México ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

· Militarización, impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos y derechos de las mujeres son de los principales temas de preocupación.

Los próximos días 8 y 9 de marzo de 2010, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas celebrará su periodo de sesiones en la sede de la ONU en Nueva York, durante el cual se evaluará el informe de cumplimiento del Estado mexicano con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Se trata de la primera evaluación de este tipo en más de diez años.

El Comité de Derechos Humanos es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de este instrumento internacional por sus Estados Partes. Éstos deben presentar al Comité informes periódicos sobre la manera en que se ejercitan los derechos, por lo general cada cuatro años. El Comité examina cada informe y expresa sus observaciones y recomendaciones al Estado Parte en forma de "observaciones finales".

En el contexto anterior, diversas organizaciones mexicanas han enviado sus respectivos informes al Comité sobre la situación de los derechos civiles y políticos en México, y estarán presentes en la sesión del Comité durante la evaluación de México. Entre las organizaciones que han remitido informes se encuentran, entre otras: el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”; el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), ARTICLE 19 , el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), el Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, ASILEGAL y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (integrada por 68 organizaciones).

Los temas que estas redes y organizaciones han destacado en sus distintos informes incluyen entre otros:

  1. El contexto de militarización de la seguridad pública y sus consecuencias para los derechos humanos;

  2. la persistencia de la impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos, en especial, cuando se trata de casos ante la justicia militar o casos de agresiones en contra de defensores de derechos humanos; y

  3. la situación de los derechos humanos de las mujeres.


Sobre el primer tema, organizaciones que integran  la Red TDT y el Centro Prodh destacan que la participación de las fuerzas armadas en operativos donde sin control civil significativo, llevan a cabo tareas que son exclusivas de la competencia de la policía civil, ha provocado un drástico aumento de violaciones a derechos humanos.

 

A este contexto se suman reformas legislativas que propician otros abusos, tal es el caso de la figura del arraigo, analizada en detalle por la CMDPDH.  Destaca que esta figura forma parte de una serie de medidas que van en contravía del derecho internacional, a la cual considera como una forma de detención arbitraria que propicia violaciones a los derechos humanos.

 

Por otro lado, varias de las organizaciones llaman la atención sobre el hecho de que en casos de violaciones a derechos civiles y políticos, la impunidad continúa siendo la norma. El uso de la jurisdicción militar para investigar delitos cometidos por las fuerzas armadas sirve para impedir que los autores enfrenten la justicia. Por otra parte, en relación a los delitos cometidos por elementos de la policía, como la tortura, el Estado no ha tomado las medidas necesarias para revertir los patrones de abusos detectados.

 

Algunas organizaciones, en particular Tlachinollan, analizan la situación de los defensores de derechos humanos, quienes son susceptibles de enfrentar acoso, criminalización o incluso ataques físicos en represalia por su labor; dichos delitos generalmente quedan impunes.  Por su parte, ARTICLE 19 analiza las diversas formas de agresión a la libertad de expresión en el país; resalta el incremento a las agresiones quienes ejercen el periodismo destaca en particular las deficiencias en el marco normativo y el desempeño de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP).

 

Otras organizaciones, entre ellas GIRE, abordan en sus respectivos informes la situación de los derechos humanos de las mujeres, haciendo énfasis en las reformas constitucionales en materia de interrupción legal del embarazo en los estados. Se reporta que de octubre de 2008 a enero de 2010, los congresos estatales de 18 entidades federativas han aprobado reformas que ratifican el tratamiento del aborto como delito, excluyendo con ello la prestación de servicios médicos. El Centro de Derechos Humanos Victoria Diez destaca que aunque La Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia establezca los principios bajo los cuales debe garantizarse a las mujeres una vida libre de violencia, a nivel de los estados las leyes locales han omitido diversas disposiciones de la ley general como lo es la violencia feminicida, o bien han eliminado la figura de las ordenes de protección.

Finalmente, ASILEGAL hace referencia a la situación de las mujeres en reclusión, señalando que las condiciones de las mujeres en situación de reclusión son aflictivas y generan daños y sufrimientos físicos, psíquicos y morales injustos e innecesarios. Los centros de reclusión que albergan a mujeres, generalmente no cuentan con los medicamentos básicos, con los instrumentos necesarios y con el personal médico necesario para atender la entera población femenina.

La próxima evaluación de México ante el Comité representa una nueva oportunidad para el Estado mexicano de demostrar un real compromiso con la plena vigencia de los derechos humanos. Muchos de los temas a abordar no son nuevos; no obstante, se suman nuevas preocupaciones en el contexto de violencia actual del país.  En el contexto descrito, el Comité reconocerá avances, de esta manera ayuda a ver qué tipo de programas o reformas habrán funcionado; al mismo tiempo, señalará los problemas y para cada problema, identificará con base en su experiencia y pericia en la materia, medidas concretas que el Estado debe adoptar.  Por lo tanto, el Estado se podrá beneficiar por la asesoría del Comité, siempre y cuando reciba y dé seguimiento a las recomendaciones con seriedad, reconociendo que el Pacto Internacional es un tratado vinculante para el Estado y que las observaciones y recomendaciones van dirigidas a mejorar la situación de los derechos civiles y políticos en México.


 

Asistencia legal por los Derechos Humanos (Asilegal)

Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)

Centro de Derechos Humanos Victoria Diez

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)

Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE)

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT)

Modificado el ( martes, 02 de marzo de 2010 )
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ASILEGAL inicia “El Espacio de Formación de Promotoras y Promotores Juveniles en DESCA 2010
escrito por ASILEGAL   
jueves, 25 de febrero de 2010

 

                        

 

 

El día 25 de Febrero del 2010 dio inicio  “El Espacio de Formación de Promotoras y Promotores Juveniles en Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales 2010”.

 El espacio tiene como objetivo  el dar herramientas teóricas, prácticas, jurídicas, políticas y metodológicas que permitan sensibilizar y capacitar a las y los jóvenes con miras a que sean promotores en Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales  a fin de que realicen actividades educativas con y para los grupos que por sus características se encuentran en abandono social y situación vulnerabilidad.

El proceso de formación tiene como base la metodología socio-participativa por lo que a lo largo de 14 sesiones las y los promotores interactuaran con expertos en temas de los DESCA, que colaboran como activistas de la sociedad civil mexicana y tendrán la oportunidad de realizar trabajo de campo en donde pondrán a prueba los conocimientos adquiridos durante cada una de las sesiones.  

 Inicialmente la convocatoria era para 25 aspirantes  promotores, pero debido a las más de 250 solicitudes recibidas se opto por ampliar la participación a 40 personas, las cuales provienen de distintas  organizaciones de la sociedad civil, universidades, colectivos, instituciones gubernamentales y entidades federativas como:  Hidalgo, Puebla , Estado de México y DF.

El primer tema que se presentó fue  “Educación Popular” cuya ponencia estuvo a cargo de David Bermúdez Jiménez  quien basándose en Paulo Freire ofreció a las y los asistentes las bases teóricas y los retos de la educación popular en los derechos humanos. 

 

Modificado el ( martes, 02 de marzo de 2010 )
 
México frente al EPU: la situación de la comunidad LGBT y de sus defensores.
escrito por ASILEGAL   
jueves, 11 de junio de 2009

ASILEGAL

La situación de la comunidad LGBT y de sus defensores

ASILEGAL, como organización de derechos humanos, celebra con gusto la adopción, en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) de numerosas recomendaciones para el Estado mexicano sobre diferentes temas fundamentales en cuestión de derechos humanos. En particular queremos subrayar la invitación del Consejo de Derechos Humanos a adoptar medidas para erradicar la discriminación, para proteger los defensores de derechos humanos y para garantizar las investigaciones en casos de violaciones de derechos humanos. Sin embargo, queremos denunciar el total silencio de las autoridades internacionales y nacionales sobre la grave y hostigante discriminación del Estado y de algunos sectores de la sociedad hacia las personas pertenecientes a la comunidad LGBT y sus defensores.

El EPU fue establecido por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como principal herramienta para vigilar y evaluar el grado de cumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados en materia de derechos humanos. Este mecanismo de basa en información aportada por el mismo Estado, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los D.D.H.H. y organizaciones de la sociedad civil.
Naciones Unidas (UN) recomendó adoptar medidas políticas y legislativas para eliminar la discriminación hacia las mujeres, incluyéndose también grupos vulnerables como niños, minorías y pueblos indígenas; a pesar de ello, no se encuentran recomendaciones específicas sobre la situación de la comunidad LGBT, la cual cotidianamente es objeto de ataques, hostigamientos, amenazas y violencia.

En particular, consideramos fundamental denunciar las constantes y graves violaciones de derechos humanos que sufren los defensores de la comunidad LGBT, los cuales no solamente son discriminados a causa de su orientación sexual, sino que se enfrentan a numerosas amenazas, hostigamientos laborales, lesiones y tortura en la realización de su trabajo. Aunque el Estado mexicano haya aceptado el “Reconocer la labor de defensores y organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, garantizar que los crímenes cometidos hacia ellos sean investigados y sancionados, investigar los casos de ataque, violencia, amenazas contra periodistas, abogados y defensores de derechos humanos”, en la realidad no se observan acciones concretas del Estado para los defensores de derechos humanos de la comunidad LGBT, aun cuando se presentan denuncias ante la autoridad judicial.
Por lo anterior, reconocemos que el Estado mexicano haya aceptado las recomendaciones en relación a una investigación oportuna e imparcial de las denuncias de tortura, sobre todo las violaciones de derechos humanos cometidas por policías, personal militar y de seguridad con la finalidad de poner fin a la impunidad. Esperamos que la buena voluntad del Estado expresada ante el Consejo de Derechos Humanos se convierta en acciones concretas que puedan beneficiar la comunidad LGBT y los defensores de derechos humanos.
Asistencia Legal por los Derechos Humanos, es una Asociación Civil sin fines de lucro y su objeto social se enfoca a realizar actividades de fomento en la investigación, difusión, promoción y defensa legal de los derechos humanos, trabajando en especial con población, en situación de vulnerabilidad entre otros: mujeres, niños y niñas, jóvenes adultos mayores, personas privadas de su libertad, indígenas, migrantes, campesinos, comunidades de la diversidad sexual.
Modificado el ( viernes, 12 de junio de 2009 )
 


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